Un hombre de 64 años ha admitido ante el tribunal de la Audiencia de Jaén haber cometido agresiones sexuales contra un menor de 15 años que presenta discapacidad intelectual. Estos actos se prolongaron durante un año, hasta que la víctima alcanzó los 16 años.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 10 años y 45 días de prisión, mientras que la acusación particular ha demandado una pena de seis años y nueve meses. Por su parte, la defensa ha propuesto una condena de cuatro años y tres meses de prisión.
El acusado, que ha mostrado su arrepentimiento y ha pedido disculpas al menor y a su familia, se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2024. En la declaración, el Ministerio Público ha resaltado que la víctima es especialmente vulnerable debido a su condición de menor y a su discapacidad intelectual, que es «apreciable a simple vista».
El hombre, exbombero forestal, se ganó la confianza del menor mediante la entrega de chucherías, alcohol, tabaco y pequeñas cantidades de dinero, llevándolo luego a lugares apartados donde perpetró las agresiones. La Fiscalía ha calificado estos hechos como un delito continuado de agresión sexual sobre una persona en situación de vulnerabilidad.
Las secuelas psicológicas sufridas por el menor han sido severas. Ha experimentado estrés postraumático, pesadillas recurrentes, así como sentimientos de vergüenza, culpabilidad y baja autoestima, además de quejas físicas como dolores de estómago y náuseas.
Durante el juicio, la única testigo fue la hija del acusado, quien declaró que su padre lidiaba con adicciones a la cocaína y otras sustancias, y que en el momento de los hechos estaba en tratamiento, aunque sufría una recaída que, según su defensa, afectó su autocontrol.
La familia del acusado fue la que logró reunir 40.000 euros en concepto de indemnización para el menor, en compensación por los daños y las secuelas sufridas. Tras el reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado y la comprobación del pago de la indemnización, las partes decidieron no continuar con las declaraciones de testigos.
El Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente una pena de 15 años de cárcel y 20 años de prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, esta pena fue rebajada al considerar los atenuantes de reparación del daño y la drogadicción. Por su parte, la acusación particular también ajustó su petición a seis años y nueve meses, mientras que la defensa solicitó cuatro años y seis meses, teniendo en cuenta el atenuante de confesión.
El juicio ha concluido y se encuentra a la espera de sentencia. Este caso ha suscitado un fuerte interés en la comunidad, destacando la importancia de abordar la protección de las personas con discapacidad, así como la necesidad de medidas que prevengan tales situaciones de abuso en el futuro.