La Junta de Andalucía ha calificado como «espeluznantes» las nuevas revelaciones relacionadas con el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, y que resultó en la trágica pérdida de 46 vidas. Según las autoridades, los últimos datos sugieren no solo una posible falta de mantenimiento en las vías, sino también indicios de maniobras que podrían haber complicado la investigación del incidente.
La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, comentó sobre esta situación durante una rueda de prensa, donde se le cuestionó acerca de los avances en la investigación y las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, respecto a la atención brindada a las víctimas y la respuesta ante la emergencia. A pesar de la gravedad de la situación, España optó por evitar un enfrentamiento político directo, reiterando que la Junta no desea politizar un accidente de tal magnitud.
No obstante, la portavoz enfatizó que los nuevos informes que han surgido revelan una alarmante falta de mantenimiento de las vías e incluso la posibilidad de que se hayan manipulado algunas pruebas, lo que levanta serias dudas sobre la integridad del proceso de investigación. España subrayó que esto genera la impresión de que se están colocando obstáculos en el camino para esclarecer lo sucedido.
Además, se refirió a las inquietantes declaraciones de un funcionario, que cuestionó las órdenes recibidas para retirar ciertos materiales relevantes. Esta situación resulta particularmente preocupante para la Junta de Andalucía, ya que podría afectar la conservación de pruebas cruciales para determinar las causas del accidente y la responsabilidad correspondiente.
La consejera también hizo hincapié en que parece que el ministro Óscar Puente intenta evadir su responsabilidad en este asunto, instándole a asumir las consecuencias políticas que podrían derivarse una vez que se cierre la investigación. Desde el Gobierno andaluz, el mensaje es claro: es fundamental que la claridad sobre los hechos se alcance sin interferencias y con todas las garantías necesarias, particularmente cuando se trata de un accidente con tan elevado número de víctimas.
Paralelamente, España defendió la actuación de la Junta tras el siniestro, recordando la creación de un comisionado específico para abordar este caso y la participación activa del Ejecutivo andaluz como agente civil en el proceso judicial abierto en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga lo ocurrido en Adamuz. La transparencia y el compromiso con la verdad son los pilares que la administración andaluza busca mantener en medio de esta crisis.
