Una mujer apareció en la mañana del 24 de julio de 2024 en la comisaría de la Policía Nacional de Linares, descalza y con múltiples moratones. La mujer declaró haber estado retenida en su hogar durante ocho días bajo el control de su pareja. Aprovechó un momento en que él se quedó dormido en el sofá para escapar y denunciar la situación. La Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión para el acusado, mientras que la defensa abogaba por su absolución. Este miércoles tuvo lugar el juicio correspondiente.
El acusado, que actualmente se encuentra en prisión por un delito relacionado con drogas, defendió su postura al negar haber encerrado a su pareja. Entró a la sala de vistas acompañado por agentes de seguridad y afirmó: «En ningún momento le prohibí salir, no voy a encerrar a mi mujer y mi hija por gusto». Sin embargo, reconoció que, debido a su consumo de sustancias, había tenido discusiones con ella, las cuales a menudo giraban en torno al dinero que él gastaba en drogas.
La pareja comenzó su relación en 2021 y un año después nació su hija. Aunque residían en Torresblascopedro, se mudaron a Linares en 2024, donde la situación se tornó insostenible, según el escrito de acusación. El hombre, según la Fiscalía, habría mantenido a su pareja y a su hija encerradas en su hogar, llevándolas a sufrir esta situación durante ocho días. El acusado se defendió, afirmando que solo había una llave de la vivienda y que cuando él salía, ella debía quedarse dentro sin poder salir posteriormente.
Cuando se le preguntó sobre su comportamiento celoso, el acusado admitió tener «defectos» y justificó sus insultos con el consumo de drogas. Afirmó que había llamado a su pareja «puta y guarra», pero se defendió diciendo que había razones para sus acciones. Aseguró que no había agredido a la mujer y que se despertó con la llegada de la policía, quienes le explicaron que había recibido una denuncia.
Lo curioso es que durante el juicio, la mujer cambió drásticamente su declaración respecto a lo que había dicho en la comisaría. Frente a los magistrados de la Sección Tercera, manifestó que sí le permitía salir y que no había sufrido agresiones. Ella explicó que se presentó a la policía «desesperada» para que su pareja ingresara en un centro de desintoxicación por su adicción a las drogas.
A pesar de este giro en su testimonio, la Fiscalía mantuvo su postura, indicando que «los hechos ocurrieron». La fiscal subrayó que resulta sorprendente que la víctima niegue lo sucedido, mientras que el acusado admite sus celos y los insultos. La fiscal también planteó interrogantes sobre si la mujer había cambiado su declaración por miedo o arrepentimiento, pero destacó que llegó a la comisaría «alterada» y con marcas que corroboraban su versión de los hechos, como se recoge en un informe médico.
Además, la fiscal recordó que no fue solo una denuncia la presentada el 24 de junio, sino que después hubo otra relacionada con el quebrantamiento de medidas, lo que sugiere una conducta reiterada por parte del acusado. La defensa, por su parte, mantuvo la solicitud de absolución, mientras que la acusación particular modificó su petición para solicitar 80 días de trabajo en beneficio de la comunidad por los malos tratos y una pena mínima de seis meses por el quebrantamiento.
El juicio concluyó, quedando a la espera de una sentencia que podría tener importantes implicaciones para el acusado y la familia. Este caso pone de relieve la complejidad de las dinámicas de abuso y la dificultad que enfrentan las víctimas en el proceso judicial, especialmente cuando se producen cambios en los testimonios.
