En el contexto actual de la política agraria en España, se ha evidenciado un recorte significativo en la Política Agraria Común (PAC) que no se produjo por falta de recursos europeos, sino que fue una decisión deliberada del Gobierno de Sánchez. Este recorte, que supera los 5.000 millones de euros, se implementó en un momento en que la Unión Europea desplegaba el mayor paquete económico de su historia a través de los fondos Next Generation Europe (NGEU).
La estrategia del Gobierno ha sido priorizar estos fondos extraordinarios, que, a diferencia de la PAC, no están directamente vinculados al sostenimiento del sector primario ni condicionados a metas estructurales claras. Esto ha resultado en una gestión más flexible, pero también más discrecional, dejando al Gobierno una mayor libertad para decidir sobre más de 163.000 millones de euros sin el control técnico adecuado. Este manejo ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia y claridad en el uso de los fondos, lo que ha llevado a que muchos se pregunten sobre su impacto real en la economía.
A medida que se acerca la fecha límite para la ejecución de estos fondos, los datos son alarmantes. A menos de cinco meses del cierre del plazo, cerca de 92.000 millones de euros continúan sin ser recibidos, y España ya ha renunciado a 60.400 millones de euros, lo que representa un 37% del total. Esta situación ha afectado gravemente el poder adquisitivo de las familias, así como la productividad y la generación de empleo estable en diversas regiones.
En este panorama, surgen interrogantes sobre la gestión de los recursos europeos. Muchos se cuestionan por qué España ha decidido renunciar a fondos que podrían haber invertido en el desarrollo rural, la digitalización de los pueblos, o en mejorar las infraestructuras hidráulicas, tan necesarias en un país que enfrenta sequías e inundaciones recurrentes. La falta de acción en estos aspectos ha contribuido a la crisis del campo, donde, entre otros problemas, se destaca la falta de mano de obra y el deterioro de la cabaña ganadera, que ha visto una disminución significativa durante los últimos años.
La situación actual plantea una perspectiva incierta. El Gobierno parece estar dispuesto a continuar con recortes en la PAC sin ofrecer compensaciones adecuadas a los sectores afectados. A medida que los fondos europeos comienzan a ser devueltos, la posibilidad de un nuevo recorte en el futuro presupuesto europeo y, por ende, en la PAC, se hace más palpable. Esto suscita preocupaciones sobre si la PAC mantendrá su papel como pilar estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y fomentar el desarrollo rural.
El debate sobre el futuro de la PAC se intensifica a medida que se avanza hacia un nuevo marco financiero europeo. La aprobación de este marco requiere la unanimidad de los líderes de los Estados miembros, lo que concede al Gobierno la capacidad de condicionar los resultados de esta negociación. Sin embargo, queda por ver si el actual ejecutivo tiene la fortaleza y credibilidad necesarias para impulsar una posición favorable que proteja el sector primario.
En resumen, el futuro de la PAC no solo depende de la cantidad de presupuesto, sino también del modelo que se elija para gestionarlo. Mientras que el Partido Popular aboga por fortalecer la PAC y mejorar las rentas de los agricultores y ganaderos, la postura del Gobierno parece alejarse de estas propuestas. La falta de un enfoque claro y coherente podría dejar al campo español en una situación de vulnerabilidad, donde las decisiones políticas tengan un impacto duradero en la economía rural y la cohesión territorial de España.
