El pleno de este martes en el Congreso se ha convertido en una cita clave para el futuro inmediato de las pensiones. La convalidación del decreto ómnibus aprobado por el Gobierno, que incluye la subida del 2,7% para 2026, pende de un hilo tras confirmarse el voto en contra del Partido Popular y ante la falta de definición de Junts, que vuelve a situarse como actor decisivo.
El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha despejado cualquier duda tras la reunión del comité de dirección del partido: los populares votarán “no”. El argumento es el mismo que ya habían adelantado semanas atrás. El partido de Alberto Núñez Feijóo rechaza respaldar la revalorización de las pensiones si esta se tramita junto a otras medidas sociales en un único decreto. A su juicio, el Gobierno ha optado por mezclar asuntos distintos y forzar una votación en bloque.
Esa negativa deja la aprobación en manos de la mayoría de investidura, donde Junts vuelve a tener la llave. El grupo catalán no ha aclarado aún el sentido de su voto, pero ha dado un paso significativo al registrar una proposición de ley propia que replica la subida del 2,7% y la desvincula del resto de medidas incluidas en el decreto gubernamental.
Junts comparte con el PP la crítica al “paquete” impulsado por el Ejecutivo. Su principal rechazo se centra en las políticas de vivienda, en especial la prórroga de la moratoria de desahucios acordada con EH Bildu. Para la formación de Carles Puigdemont, vincular la actualización de las pensiones a este tipo de medidas supone poner en riesgo un consenso que consideran básico.
El escenario recuerda al vivido el año pasado, cuando la subida de las pensiones decayó inicialmente tras un bloqueo parlamentario y obligó al Gobierno a rehacer su estrategia. Entonces, junto a la revalorización, también quedaron en suspenso varias medidas del denominado “escudo social”. Ahora, la historia amenaza con repetirse.
Si el decreto no sale adelante, no solo quedaría sin efecto el incremento de las pensiones. También decaerían la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables, las ayudas extraordinarias para los afectados por la dana o la moratoria de desahucios para personas sin alternativa habitacional. Todo ese entramado de protección social quedaría en el aire a partir de este miércoles.
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha defendido su posición apelando al Pacto de Toledo. En una entrevista radiofónica, el líder popular ha insistido en que su partido apoyaría “un decreto limpio” centrado exclusivamente en la revalorización de las pensiones. “El Gobierno está utilizando a los pensionistas cuando no tiene estabilidad ni mayoría suficiente”, ha afirmado.
Cuatro horas después de esas declaraciones, Juan Bravo ratificó públicamente el rechazo. El dirigente popular recordó que su partido presentó en noviembre una iniciativa para automatizar la actualización de las pensiones conforme al IPC y aseguró que el problema se resolvería si el Ejecutivo aceptara tramitar la subida por separado.
Junts, por su parte, ha elevado el tono contra el PSOE. En un comunicado titulado Sin chantajes, las pensiones primero, la formación catalana acusa al Gobierno de condicionar la mejora de las prestaciones a la aprobación de políticas ajenas. Su proposición de ley plantea una revalorización general del 2,7%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y garantiza la actualización de pensiones contributivas, no contributivas y principales prestaciones sociales.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha sido tajante: “O aceptas todo el paquete o perjudicas a los pensionistas. Eso es inaceptable”. Una crítica que el PSOE rechaza de plano. Desde el Grupo Socialista recuerdan que el decreto no puede dividirse en este punto del proceso y que cualquier iniciativa alternativa dependería de una decisión del Gobierno.
La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha defendido que no existe ningún chantaje y que se trata de un real decreto que aborda de forma conjunta medidas sociales, de pensiones y de protección a colectivos vulnerables. Las negociaciones, asegura, se mantendrán abiertas hasta el último momento.
La subida prevista para 2026 es del 2,7%, calculada según la media interanual del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, conforme al sistema aprobado en 2021 para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas. Las pensiones mínimas con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital contemplan incrementos mayores, mientras que las mínimas sin cargas subirían un 7%.
Estas mejoras ya se han reflejado en las nóminas de enero, pero su continuidad depende del resultado de la votación. Si el decreto no se convalida ni se aprueba una alternativa a tiempo, las cuantías volverán a los niveles de 2025 en el próximo pago.
El Gobierno aprobó el decreto en el último Consejo de Ministros de 2025 y necesita ahora el respaldo del Parlamento para evitar su derogación automática. Este martes se despejará la incógnita, con un resultado que puede tener consecuencias directas para millones de pensionistas y para el equilibrio político de la legislatura.
