El incremento de las pensiones en 2026 vuelve a situarse en el centro del pulso político. El Partido Popular ha confirmado que votará en contra del decreto ómnibus que incluye la subida de las prestaciones, al considerar que el Gobierno ha mezclado esta medida con otras políticas que los populares rechazan frontalmente. Ese mismo argumento es el que utiliza Junts para justificar su posible voto en contra.
El contexto no es menor. Diez millones de pensionistas ya han percibido en enero una subida general del 2,7%, reflejada en las nóminas abonadas en los últimos días. Sin embargo, ese aumento podría no consolidarse en febrero, dependiendo de lo que ocurra este martes en el Congreso de los Diputados y de las decisiones que se adopten en las semanas siguientes.
Con el decreto en el aire, se abren tres escenarios distintos para las pensiones en 2026.
Si el decreto sale adelante: la subida queda blindada
El primer escenario es el más claro y también el más difícil a la vista de las posiciones actuales. Si el Congreso convalida el decreto ómnibus, la subida de las pensiones quedaría definitivamente asegurada.
El texto no se limita a la revalorización de las prestaciones. El Gobierno lo presenta como un “escudo social” porque incluye la prórroga de medidas como la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables, la moratoria de desahucios para este colectivo o el anticipo de la jubilación para bomberos forestales.
Tanto PP como Junts habían reclamado que la subida de las pensiones se tramitara por separado, sin este “cajón de sastre”. Sin embargo, el decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre y, a estas alturas, no puede dividirse. El Ejecutivo podría anunciar futuras concesiones para atraer apoyos, pero en La Moncloa no contemplan, por ahora, modificar la estrategia.
Si el decreto cae, pero se corrige a tiempo
El segundo escenario recuerda a lo ocurrido hace justo un año. En enero de 2025, el PP tumbó un decreto similar que también incluía la revalorización de las pensiones junto a otras medidas polémicas.
Aquella decisión provocó un fuerte desgaste político. El Gobierno aprobó un segundo decreto, algo más acotado, que salió adelante antes de que se abonaran las nóminas de febrero. Los pensionistas no llegaron a notar la caída temporal de la subida.
Si ahora el decreto decae pero el Ejecutivo logra articular una nueva iniciativa a tiempo, el efecto sería similar: la subida se mantendría sin impacto real en los pagos mensuales.
Si el bloqueo se traslada a las nóminas
El tercer escenario es el más delicado y el que entra en terreno desconocido. Nunca hasta ahora un bloqueo de este tipo había llegado a reflejarse de forma efectiva en las nóminas.
Si el decreto es rechazado y el Gobierno no aprueba una alternativa antes de que se cierren los pagos —que suelen realizarse en el último tercio de cada mes—, los pensionistas podrían volver a cobrar en febrero las cuantías de 2025, sin la subida del 2,7%.
Esta situación se mantendría durante todo el tiempo que durase el bloqueo parlamentario. No obstante, el Ejecutivo conserva una herramienta clave: puede aprobar un nuevo real decreto ley con la subida cuando lo considere oportuno. Ese incremento volvería a aplicarse de inmediato, aunque quedaría de nuevo pendiente de convalidación en el Congreso.
PP y Junts ya han dejado clara su posición: si la subida de las pensiones se presenta en un decreto independiente, sin otras medidas añadidas, la apoyarían. Hasta entonces, la revalorización de 2026 sigue en el aire, con millones de pensionistas pendientes de una votación que puede marcar sus ingresos a corto plazo.
