La diputada del Partido Popular en la Región de Murcia, María Ángeles Román, ha manifestado su desacuerdo con la implementación del ‘Registro único’ de alquileres de corta duración, promovido por el Gobierno de España. Según Román, esta medida representa un «error político de origen» que carece de justificación técnica y no se alinea con las normativas europeas. En su opinión, esta decisión unilateral del presidente Pedro Sánchez ha generado duplicidades administrativas y ha invadido competencias autonómicas.
La diputada ha destacado que el Reglamento (UE) 2024/1028 no exige la creación de un sistema de inscripción doble, sino que aboga por una mejora en la cooperación institucional y la interoperabilidad entre administraciones. «El Gobierno de España ha hecho justo lo contrario», ha afirmado, subrayando que comunidades autónomas como la Región de Murcia ya cuentan con registros obligatorios y operativos.
En la Región de Murcia, las viviendas de uso turístico están reguladas por el Decreto 256/2019, bajo la supervisión del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem). En 2025, se han procesado 2.904 expedientes para nuevos alojamientos turísticos, de los cuales 2.590 corresponden a Viviendas de Uso Turístico (VUT). Actualmente, hay un total de 11.167 registros que ofrecen 56.620 plazas, todas bajo control administrativo y declaración responsable.
Román ha reprochado que el Gobierno de Sánchez ha ignorado las advertencias de las comunidades autónomas respecto a la posible invasión competencial y el riesgo de un doble registro. Regiones como Ibiza ya han alertado formalmente al Ministerio de Vivienda sobre el impacto negativo de este sistema en la oferta turística legal. «Hoy vemos las consecuencias: la revocación masiva de números de registro ha afectado mayoritariamente a viviendas plenamente legales», ha denunciado.
Incompatibilidad con la normativa europea
La diputada ha recordado que Europa ha sido clara al establecer que una misma vivienda no puede estar sujeta a más de un procedimiento de registro obligatorio, fijando el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para corregir un modelo que no se ajusta al Derecho de la Unión. «Europa no cuestiona el control del alquiler turístico, sino la duplicidad administrativa impuesta por España», ha señalado Román.
A su vez, Román ha enfatizado que la oposición del sector no es de carácter técnico, sino político. Asociaciones como Fevitur han advertido que el Gobierno ha actuado sin consenso, perjudicando a pequeños propietarios y operadores legales. «La duplicidad administrativa se está utilizando como una herramienta de expulsión de oferta legal», ha afirmado, citando las preocupaciones manifestadas por la presidenta de la federación.
Frente a esta situación, la diputada ha destacado el modelo de la Región de Murcia, que se basa en una mesa de seguimiento de viviendas de uso turístico, creada en 2023. Esta mesa, integrada por el ITREM, organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, tiene como objetivo detectar alojamientos no reglados en plataformas digitales y garantizar su regularización o retirada.
En resumen, Román ha denunciado que la estrategia del Gobierno de Sánchez es clara: «culpabilizar al turismo para ocultar el fracaso de su política estatal de vivienda». A su juicio, esta situación penaliza a pequeños ahorradores y confunde lo legal con lo ilegal, poniendo en riesgo a la principal industria del país. Todo ello ocurre, según ella, con el «silencio cómplice» del Ministerio de Industria y Turismo, lo que podría acarrear responsabilidades patrimoniales que terminarán afectando a todos los ciudadanos.
