La madrugada del 28 de septiembre en un hotel Hyatt de San Luis Potosí, una joven brasileña de 28 años llamada Valeria vivió una experiencia traumática que la enfrenta a una de las familias más influyentes de México. Guillermo Baeza Prado, de 27 años, hijo de un alto ejecutivo del Grupo Bafar, fue identificado como el hombre que estuvo en esa habitación.
Las cámaras de seguridad del hotel registraron a Valeria saliendo de su habitación a las 5:04 de la mañana, tocando puertas y caminando por el pasillo. Dos minutos después, entró en la habitación 616, donde se encontraba Baeza. Una hora y 50 minutos más tarde, su novio, Pedro, logró que el personal del hotel abriera la puerta, encontrando a Valeria semidesnuda y desorientada.
Valeria, quien ha sido diagnosticada con sonambulismo desde los seis años, no recordaba lo sucedido esa noche. Los abogados de la joven han señalado que el caso presenta complicaciones debido a las conexiones familiares de Baeza con el gobierno estatal. Aunque la Fiscalía decidió no ejercer acción penal contra él, el entorno ha suscitado numerosas críticas sobre la imparcialidad del proceso judicial.
Los detalles del incidente revelan que Valeria y Pedro se encontraban en la ciudad para celebrar la boda de unos amigos. Tras una noche de festejos, pidieron un Uber hacia el hotel, donde Valeria, debido a su condición de sonámbula, salió de la habitación sin que su pareja se diera cuenta. Al notar su ausencia, Pedro comenzó a buscarla y solicitó ayuda al personal del hotel.
Un análisis forense posterior a los hechos concluyó que Valeria no estaba en condiciones de consentir debido a su estado mental durante el episodio. A pesar de ello, la Fiscalía de San Luis Potosí determinó que no había suficientes evidencias para continuar con el caso, omitiendo considerar el sonambulismo de la víctima como un factor clave.
Guillermo Baeza fue detenido temporalmente, pero fue liberado pocas horas después, bajo la argumentación de que su arresto había sido ilegal. La defensa de Baeza sostiene que no hubo coerción y que las lesiones encontradas en Valeria podrían haber sido el resultado de una relación sexual consensuada anterior, lo que ha generado un intenso debate sobre la credibilidad de su testimonio.
La defensa ha solicitado el “no ejercicio de la acción penal” subrayando que Valeria entró a la habitación sin coerción y que su falta de memoria sobre los hechos impide que su testimonio sea válido. A pesar de la controversia, las autoridades han cerrado la posibilidad de juicio contra Baeza, lo que ha llevado a la defensa de Valeria a buscar alternativas legales que permitan reabrir el caso.
Este incidente ha puesto de relieve no solo las dificultades legales que enfrentan las víctimas de agresiones sexuales en México, sino también los posibles conflictos de interés que surgen cuando el acusado proviene de una familia con conexiones políticas. La defensa de Valeria ha denunciado que el despacho que representa a Baeza está vinculado con el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, lo que podría influir en el proceso judicial.
La situación de Valeria es alarmante; se enfrenta a un proceso que no solo desafía su salud mental, sino también su vida cotidiana. La joven ha comenzado un tratamiento psicológico para lidiar con el trauma de la experiencia, mientras que su pareja, Pedro, expresa su preocupación por la influencia de una de las familias más ricas del país en el sistema judicial. “Estamos hablando de una de las familias más poderosas y ricas de México”, afirma.
Por ahora, la defensa de Valeria espera que las autoridades federales revisen el caso y que se reconozcan las irregularidades señaladas. Mientras tanto, Valeria continúa su tratamiento y su lucha por retomar su vida, consciente de que enfrentar a una estructura tan poderosa no será fácil, pero decidida a no dejar que su experiencia se convierta en un silencio perpetuo.
