La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha expresado su frustración ante las promesas incumplidas del Gobierno central en materia de vivienda. Según Díaz, cada año se presentan anuncios que rápidamente se convierten en promesas vacías. La consejera subraya que, si el presidente Pedro Sánchez hubiera cumplido con sus compromisos, la problemática del acceso a la vivienda no estaría tan presente en las preocupaciones de los ciudadanos españoles.
Díaz ha instado a reducir las promesas y a fomentar un diálogo más eficaz con las comunidades autónomas para afrontar el desafío que representa la vivienda. Desde 2019, Andalucía ha liderado la construcción de vivienda protegida (VPO) mediante políticas específicas que han permitido la creación de 15.141 inmuebles.
De esta cifra, 8.743 se gestionaron durante la primera legislatura de Juanma Moreno. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con las gestiones de gobiernos anteriores, en los cuales no se alcanzaron ni 2.000 viviendas. Este cambio refleja un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Linares y del gobierno andaluz para mejorar el acceso a la vivienda para aquellos con dificultades económicas.
Un elemento clave en esta estrategia fue la aprobación a finales de enero de la nueva Ley de Vivienda, que tiene como objetivos principales aumentar la oferta de VPO, facilitar el acceso al suelo, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica para los propietarios. Esta legislación busca equilibrar la oferta de viviendas tanto en venta como en alquiler, y se enfoca en la defensa del uso residencial habitual.
La consejera Díaz ha indicado que este marco normativo también contempla la creación de un inventario único de viviendas públicas, que incluirá tanto las propiedades de la Junta de Andalucía como de los ayuntamientos. Este esfuerzo es parte de un enfoque más amplio para optimizar la gestión del parque residencial.
Además, ha instado al Gobierno central a concentrarse en sus responsabilidades y a presentar un Plan Estatal de Vivienda, el cual considera esencial para las políticas autonómicas. La consejera demanda, además, la creación de una Ley Nacional Antiokupación que proteja a los propietarios y una ley de suelo para agilizar los procesos de construcción.
En sus declaraciones, Rocío Díaz ha señalado que es fundamental derogar la Ley de Vivienda actual, que considera ha contribuido al aumento de los precios y a la creciente problemática de la ocupación. Su llamado a la acción pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más coordinado y efectivo para abordar la crisis de vivienda en Andalucía y en el resto del país.
