La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), principal sindicato en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, ha hecho un llamamiento sobre el estado de abandono que sufre la residencia de personas mayores de ISDABE, situada en Estepona. Este centro, que es gestionado por la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, se encuentra en una situación crítica que afecta tanto a los trabajadores como a los residentes.
Con una capacidad de 134 plazas, la residencia está prácticamente ocupada en su totalidad. Sin embargo, desde el verano de 2023, está funcionando sin personal médico, lo que ha llevado a un estado de indefensión para los residentes, quienes pertenecen a grupos vulnerables. En caso de necesidad médica, la única opción disponible es recurrir a los servicios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que, además, los vehículos destinados al transporte de usuarios se averían con frecuencia y la administración no proporciona respuestas claras a este problema.
CSIF denuncia que la falta de personal no es un hecho puntual, sino un problema estructural que se ha ido agravando a lo largo de los años. Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), deberían estar ocupadas cuatro plazas de personal administrativo —dos administrativos y dos auxiliares—, pero actualmente solo hay una persona en esta área, lo que representa solamente el 25% del personal necesario. Esta reducción en la plantilla dificulta la gestión eficaz del centro.
El sindicato ha exigido con urgencia la cobertura del puesto de médico en la residencia, así como la plena disponibilidad de vehículos operativos para el traslado de nuevos residentes, un aspecto fundamental para el funcionamiento diario del centro.
Además, CSIF ha señalado que cada vez más personal temporal que es convocado para cubrir sustituciones renuncia a sus contratos debido a la dificultad para encontrar alojamiento asequible en la zona de Estepona-Marbella. Esto provoca que muchas de las personas que se postulan a través de la Bolsa Única Común (BUC) no puedan aceptar los contratos ofrecidos, ya que el costo de la vida en esta área es insostenible.
Esta problemática se ha intensificado con el paso de los años, al punto de que los llamamientos para cubrir contratos temporales quedan en su mayoría desiertos. Para muchas personas, el traslado resulta inviable sin una garantía de acceso a una vivienda. Esta situación afecta especialmente a los trabajadores de categorías del grupo V, como personal de limpieza, asistentes de restauración, auxiliares sanitarios y personal de oficios.
CSIF recordó que la Bolsa Única Común no se actualiza desde 2019, lo que genera listados obsoletos que complican aún más la búsqueda de personal disponible. En muchos casos, las personas incluidas en la bolsa han visto cambiar su situación laboral, lo que lleva a llamamientos ineficaces y retrasos innecesarios.
El proceso de contratación también enfrenta retrasos significativos debido a la fiscalización previa que requiere pasar por Intervención, lo que puede añadir entre 15 días y un mes al procedimiento. Si se produce una renuncia, el proceso debe reiniciarse, lo que contribuye a la falta de cobertura en los turnos y provoca una sobrecarga laboral para el personal existente, poniendo en riesgo la calidad del servicio asistencial.
CSIF advierte que la problemática no se limita a la residencia de ISDABE, sino que se extiende a otros centros de Igualdad en la provincia. Por ello, el sindicato ha solicitado a la Junta de Andalucía una actualización urgente de la Bolsa Única Común con datos de disponibilidad real, así como medidas excepcionales para agilizar la contratación en períodos de alta demanda.
Para CSIF, estos incumplimientos están poniendo en una situación crítica tanto a los usuarios como a los trabajadores, lo que representa un abandono del servicio público. En este contexto, el sindicato ha exigido la provisión inmediata del personal necesario conforme a la RPT vigente, tanto en el ámbito administrativo como sanitario, para asegurar la viabilidad de la residencia. También se ha solicitado que se contemple el acceso a alojamiento para las personas que sean convocadas para cubrir contratos temporales en este centro.
