El Gobierno de coalición está tomando un tiempo adicional antes de implementar el primer paquete de medidas destinadas a mitigar el impacto económico que la guerra en Oriente Próximo ya comienza a generar en España. Este plan incluirá acciones fiscales, energéticas y sociales, aunque se ha decidido posponer la aprobación de la mayoría de estas iniciativas hasta después del Consejo de Ministros programado para el 20 de enero.
La administración busca evitar decisiones precipitadas en un entorno caracterizado por la inestabilidad y los constantes cambios procedentes de la Casa Blanca. La reciente escalada bélica, que incluye ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, está empezando a tener efectos visibles en la economía española, aunque estos todavía son limitados. A diferencia de lo sucedido tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, el impacto actual se ha concentrado principalmente en el aumento de los precios de los carburantes, los cuales han subido considerablemente en apenas una semana. Sin embargo, los costes de la electricidad y los alimentos se han mantenido relativamente estables, lo que el Gobierno interpreta como una señal de que aún hay espacio para evaluar adecuadamente la respuesta.
Por este motivo, fuentes cercanas a las negociaciones indican que la adopción del paquete de medidas podría retrasarse algunos días más, incluso hasta después de la reunión de los líderes europeos prevista para el 19 y 20 de marzo. No obstante, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de aprobar algunas medidas paliativas el próximo martes, dirigidas especialmente a los sectores más afectados por el encarecimiento de los combustibles, como el transporte y la agricultura. Hasta el momento, los ministerios implicados no han especificado las medidas que se podrían presentar en la reunión.
La correcta calibración del tiempo para responder a la crisis energética es cada vez más crucial, ya que existe una falta de consenso dentro del propio Ejecutivo sobre cuándo y qué iniciativas se deben adoptar para mitigar los efectos de la escalada bélica. Además, el Gobierno se encuentra en una situación complicada al tratar de distribuir las futuras medidas en diversos instrumentos legales para facilitar su aprobación por parte del Congreso. El objetivo es evitar que lo aprobado en el Consejo pierda vigencia un mes después, como ocurrió con el escudo social que se prorrogó durante la pandemia y la guerra de Ucrania, y que tuvo que ser fragmentado a principios de este año para salvaguardar al menos una parte.
La tensión en el seno del Gobierno se hizo evidente el pasado jueves, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que las primeras medidas se aprobarían el martes. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, matizó más tarde que el Gobierno actuará «con celeridad» y que las iniciativas se darán a conocer en los «próximos días», sin ofrecer fechas concretas.
Algunas de las medidas que Cuerpo esbozó incluyen el uso de «elementos fiscales» específicos para los sectores del campo y el transporte, que son los más perjudicados por el aumento de los precios de los carburantes. Existen posibilidades de que se apruebe algún tipo de alivio para la factura del gasóleo de los transportistas, quienes ya han mantenido reuniones urgentes con el ministro de Transportes, Óscar Puente. La principal demanda de los transportistas es una bonificación mínima de 25 céntimos por litro de gasóleo o gasolina, así como por kilogramo de gas comprimido.
Este tipo de asistencia recuerda a las ayudas otorgadas en 2022 debido a la crisis generada por el inicio de la guerra en Ucrania. Aunque Cuerpo insistió en que la situación actual no es comparable a la de hace cuatro años, sí reconoció que no se descartan medidas adicionales. La rapidez en la respuesta hacia los transportistas es crucial, ya que este colectivo tiene un papel fundamental en el suministro de bienes y ha protagonizado protestas significativas en el pasado.
Además de las ayudas al sector del transporte y la agricultura, el Gobierno está considerando otras medidas fiscales, como la reducción del IVA en la energía, con el objetivo de abaratar facturas domésticas. También se contempla la reactivación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la restauración de parte del escudo social. Sin embargo, ya se ha descartado la idea de reintroducir la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible que se implementó en 2022, ya que generó críticas por sus efectos negativos y por no ser una medida progresiva.
La situación actual presenta desafíos significativos para el Gobierno español, que debe equilibrar la necesidad de acción rápida con la complejidad de los procesos legislativos necesarios para implementar estas medidas de forma efectiva.
