El empresario involucrado en la trama de corrupción conocida como Koldo ha declarado recientemente en el Tribunal Supremo sobre una visita de la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Según su testimonio, este encuentro estaba «consensuado» con el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aldama es el primero de los tres acusados en el caso de las mascarillas en comparecer ante el tribunal, donde el Ministerio Fiscal solicita penas de prisión de 24 y 19,5 años para Ábalos y su exasesor Koldo García, respectivamente. La solicitud para Aldama es de 7 años, gracias a su colaboración con la Justicia, en la que ha señalado supuestas irregularidades en la financiación del Partido Socialista.
En relación al llamado «Delcygate», Aldama afirmó que el Gobierno de Sánchez estaba al tanto de la visita de Rodríguez, indicando que tanto el Ministerio del Interior como el de Exteriores conocían la orden internacional en su contra. Aldama aseguró que él había organizado el viaje en cooperación con Ábalos y el presidente: «El viaje se organiza consensuado con Ábalos y con el presidente del Gobierno; y estamos Koldo y yo». Además, declaró que habían reservado una casa y un catering para la ocasión, precisando que Koldo le había indicado que el presidente había dado su aprobación al viaje.
Aldama reveló que la entonces vicepresidenta venezolana tenía intereses personales, como discutir con el Gobierno español la situación con el exgeneral Carvajal. El empresario detalló que la organización del viaje fue consensuada con ambos ministerios, y criticó al Ejecutivo por dar la impresión de que el viaje se había preparado de forma improvisada. En un giro inesperado, se le pidió que cancelara la visita cuando el avión ya estaba en el aire, lo cual describió como una situación absurda, comparándola con «una película de Torrente». Se negó a realizar la llamada para pedir que el avión regresara, lo que llevó a una escena peculiar en el Aeropuerto de Barajas.
Además, Aldama tenía planes para organizar una cena con los máximos responsables del PSOE, donde estaban invitados figuras como Pedro Sánchez, María Jesús Montero, y Fernando Grande-Marlaska. Este encuentro se iba a llevar a cabo en la casa alquilada para recibir a Rodríguez. Aldama también mencionó que había proporcionado entre 3,5 y 4 millones de euros a Ábalos y Koldo, explicando que este dinero provenía de las empresas adjudicatarias de obras públicas, y que parte de estos fondos se utilizaron supuestamente para financiar al partido.
En otro aspecto de su declaración, Aldama admitió haber visitado, por orden de Sánchez, una empresa valenciana con el exasesor Koldo García, con el objetivo de solicitar una comisión a cambio de una adjudicación de 2.100 millones de euros. En sus palabras, el presidente había preguntado a Ábalos si conocía la empresa Stadler, y este le confirmó que sí. Aldama relató que al presidente le interesaba un gran contrato y que “hay que financiar al partido” era una constante en la relación entre los actores políticos y empresariales.
Aldama también describió cómo se había ideado una estrategia para obtener comisiones a través de un intermediario, quien se encargaría de inflar el precio de las locomotoras. Aunque el presidente de Stadler mostró recelo ante esta propuesta, Aldama comentó que finalmente se materializó una adjudicación que representa el contrato más grande otorgado por este Gobierno a una empresa ferroviaria.
Desde el Ministerio de Exteriores, se ha emitido un comunicado desmintiendo las afirmaciones de Aldama, asegurando que el ministro José Manuel Albares no tuvo relación alguna con la cena ni con Rodríguez, ya que en ese periodo estaba asumiendo funciones como embajador en París. Cabe recordar que los eventos del «Delcygate» se produjeron el 20 de enero de 2020, y la cena que Aldama mencionó nunca se llevó a cabo, dado que Rodríguez tuvo que abandonar España antes de llegar a ese encuentro.
Este caso sigue generando controversias en el ámbito político y judicial, y es probable que las declaraciones de Aldama y el avance del juicio tengan importantes repercusiones en la percepción pública del Gobierno y del Partido Socialista en España.
