La oficina estadística de la Unión Europea ha publicado su comparativa de salarios mínimos con datos actualizados a enero de 2026. El análisis, elaborado en paridad de poder adquisitivo para ajustar las diferencias de precios entre países, sitúa a España por encima del umbral de los 1.500 puntos, un nivel que la alinea con las economías de mayor capacidad de compra efectiva del bloque comunitario.
Bajo este criterio, España aparece en el mismo grupo que Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Francia y Polonia. Alemania encabeza la clasificación con 2.157 puntos, seguida de Luxemburgo (2.035) y Países Bajos (1.979). El contraste con los Estados situados entre los 1.000 y los 1.500 puntos —como Portugal, Grecia, Eslovenia, Croacia, Rumanía o Hungría— y, especialmente, con quienes quedan por debajo de los 1.000 —Letonia y Estonia— evidencia el avance relativo de España en la última década. Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia no figuran en la estadística porque carecen de salario mínimo legal.
Un 61 % de subida desde 2018 y el doble de trabajadores afectados
La serie de Eurostat aún no incorpora la revalorización del 3,1 % pactada entre el Gobierno y los sindicatos para este año, que no contó con el respaldo de la patronal. Con ese incremento, el SMI alcanzará los 1.221 euros en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales. La posición relativa de España podría mejorar ligeramente cuando el organismo comunitario actualice los datos en el segundo semestre del año.
Desde 2018, el suelo salarial ha crecido un 61 % en términos nominales —de los 735 euros de entonces a los 1.184 euros actuales antes del último incremento— y su incidencia sobre el mercado laboral se ha más que duplicado: del 3,5 % de los trabajadores al 7,4 %, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ese crecimiento muy por encima de la inflación acumulada explica que, en paridad de poder adquisitivo, España haya convergido con las economías de primer nivel más rápido de lo que reflejan las cifras nominales.
El Ministerio de Hacienda ya prepara la actualización de la deducción fiscal para que el SMI siga exento de IRPF tras la subida. El comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo planteó dos escenarios: un alza del 3,1 % manteniendo la exención o del 4,7 % si el salario mínimo comenzaba a tributar. Finalmente se optó por la primera vía, lo que reparte el coste entre el fisco —que renuncia a esa recaudación— y las empresas —que asumen el incremento salarial—.
En los últimos seis años la CEOE se ha desmarcado de las subidas del SMI al considerarlas excesivas. La próxima batalla se libra en una modificación reglamentaria que impediría a las empresas compensar el aumento absorbiendo pluses o complementos de la nómina, una medida con la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calcula que el salario mínimo efectivo subirá otros 234 euros de media.
