La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) ha destacado las desigualdades crónicas que enfrenta la población andaluza, subrayando que la comunidad presenta una alarmante tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 34,7%. Este dato se ha convertido en un motivo de preocupación, especialmente considerando que Andalucía lidera varios indicadores de pobreza a nivel nacional.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, EAPN Andalucía ha hecho hincapié en la necesidad de que las mejoras económicas se traduzcan en beneficios para todos los estratos sociales. Según la organización, la justicia social sigue siendo un objetivo no alcanzado, dado que la pobreza persiste con un carácter estructural. La última Encuesta de Condiciones de Vida 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma que la comunidad andaluza se encuentra a la cabeza en este ámbito.
Juan Luis Delcán, presidente de EAPN Andalucía, ha expresado que «la leve mejoría de algunos datos no puede ocultar la realidad de que Andalucía sigue encabezando la pobreza en España y la recuperación no está llegando a una parte muy importante de la población». Aunque la renta media ha mostrado un incremento, este no se traduce en un mayor bienestar material para la ciudadanía. En este contexto, la carencia material y social severa se sitúa en un 10,9%, reflejando una disminución del poder adquisitivo debido al aumento de precios en vivienda y bienes esenciales.
El impacto de la crisis económica se hace evidente en la vida cotidiana de los andaluces. Un 18,7% de la población no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, mientras que un 14,1%% se encuentra en retrasos de pagos relacionados con vivienda y suministros. Además, un alarmante 46,4%% de los ciudadanos carece de la capacidad financiera para afrontar gastos imprevistos, lo que pone de manifiesto una vulnerabilidad consolidada.
Ante esta situación, EAPN Andalucía ha señalado que la vivienda es un factor clave en la exclusión social en la región. La organización aboga por la transformación de las medidas de emergencia en políticas estructurales que garanticen alternativas habitacionales ante desahucios, así como por el desarrollo de mecanismos para controlar los precios del alquiler y aumentar el parque de vivienda social. En este sentido, el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social busca establecer un espacio de concertación que coloque la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda pública, con la participación de 89 organizaciones de diversos sectores.
A pesar de que Andalucía sigue siendo la comunidad con la mayor tasa de riesgo de pobreza en España, con un 27,7% en este indicador, es fundamental resaltar que a nivel nacional, la tasa AROPE se ha reducido al 25,7%, la cifra más baja desde que se inició la recopilación de datos en 2014. Sin embargo, la disminución es mínima, lo que sugiere que los problemas persisten y que las soluciones deben ser más efectivas y estructurales.
En conclusión, el panorama de la pobreza y la exclusión social en Andalucía revela una realidad compleja que requiere una acción decidida y coordinada. A pesar de algunos signos de mejora en indicadores económicos, es evidente que la recuperación no ha alcanzado a una parte significativa de la población, lo que subraya la necesidad de políticas más inclusivas y eficaces.
