El Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha emitido una resolución en la que señala al exalcalde de Linares, Juan Fernández, como responsable contable por un monto de 41.700 euros. Esta decisión implica que debe reintegrar esa suma al Ayuntamiento de Linares y abonar los intereses generados. El tribunal detectó “dolo o negligencia grave” en la actuación del demandado, quien, según sus hallazgos, «era consciente de que percibía fondos públicos sin la debida justificación de gastos».
La sentencia revela que hubo un vínculo claro entre las acciones de Fernández y el daño ocasionado al patrimonio municipal. En particular, se destaca que entre agosto de 2013 y noviembre de 2015, se realizaron retiradas de cheques al portador que sumaban 1.700 euros mensuales, ascendiendo el total a 41.700 euros en pagos sin justificación.
Los magistrados del tribunal señalan que estas asignaciones deben considerarse subvenciones públicas y, conforme a la Ley de Bases del Régimen Local (LRBRL), no pueden usarse para pagos personales. La investigación se originó a raíz de irregularidades en la administración de los fondos que el Ayuntamiento destinaba al grupo municipal socialista, del que Fernández fue portavoz entre 2011 y 2017.
A pesar de que el exregidor ya había sido condenado por un delito de malversación de fondos, con una indemnización de 125.377 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Jaén, el Tribunal de Cuentas aclara que las jurisdicciones penal y contable son distintas, por lo que se puede actuar en ambos frentes sin que exista “cosa juzgada”. Esta dualidad se debe a que la responsabilidad civil derivada del delito se diferencia de la contable, que responde por el deterioro de los recursos públicos.
Fernández, que ocupó la alcaldía de Linares desde 1999 hasta 2018 y fue condenado a tres años de prisión, aguarda la resolución de su solicitud de indulto parcial, la cual cuenta con el respaldo de varias entidades vecinales de Linares, del propio Ayuntamiento, así como del grupo socialista. La Audiencia de Jaén, en su dictamen de diciembre, estableció un plazo hasta el 30 de agosto para el cumplimiento de la condena.
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión de los fondos públicos y resalta la responsabilidad que recae sobre los funcionarios electos. La situación también genera un debate sobre la rendición de cuentas en la política local, un aspecto fundamental para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
A medida que se desarrolla este proceso, el impacto de las decisiones del Tribunal de Cuentas y las posibles nuevas acciones legales permanecerán en el centro de atención en Linares y más allá, reflejando el desafío de mantener la integridad en la administración pública.
