El desarrollo del AVE ha sido un aspecto crucial en la evolución de las infraestructuras en España. El primer recorrido con pasajeros tuvo lugar el 21 de abril de 1992 entre Madrid y Sevilla, marcando el inicio de una nueva era para el transporte ferroviario en el país. Este evento se enmarcó en un contexto de gran ambición económica, coincidiendo con las Olimpiadas y la Expo de 1992, donde España buscaba mostrar al mundo su potencial de modernización.
El AVE se consolidó rápidamente como un símbolo de la «mejor España», destacándose por su puntualidad y calidad. En 2010, los trenes de alta velocidad españoles alcanzaron reconocimiento mundial, siendo considerados los más rápidos y los segundos más puntuales, solo detrás de Japón. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras una serie de crisis económicas, que culminaron en una doble recesión que dejó a España con 6,2 millones de parados a principios de 2013.
A pesar de estos desafíos, los avances en el AVE continuaron, y en 2017 el sistema volvió a registrar un hito en puntualidad, pero la situación comenzó a deteriorarse con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El 18 de enero de 2026, un accidente trágico en la misma línea creada para la Expo resultó en la muerte de 45 personas, evidenciando el estado crítico de las infraestructuras en el país. Este incidente refleja un problema más amplio que afecta a diversas áreas, como las redes eléctricas y los servicios de salud, señalando una gestión ineficaz de los recursos públicos.
La tragedia del accidente ferroviario no es un caso aislado. En menos de un año, España ha enfrentado un apagón a nivel nacional, que dejó a la población en la oscuridad el 28 de abril de 2025. Este evento fue ampliamente cubierto por la prensa internacional, incluyendo reportajes en medios como el New York Times. Ambos incidentes ponen de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras españolas y la gestión política que las rodea.
Las eléctricas han señalado que el apagón fue consecuencia de la falta de anticipación por parte del operador del sistema, lo que se debe a decisiones políticas que priorizan las energías renovables en detrimento de otras fuentes, como la nuclear. A pesar de las críticas y el evidente malestar, el Gobierno no parece dispuesto a reconsiderar su postura sobre la energía nuclear, incluso cuando Bruselas muestra apoyo a su ampliación.
Las decisiones recientes del Gobierno, que incluyen la reducción de las retribuciones a las inversiones en redes eléctricas, han sido vistas con preocupación por las empresas del sector. Estas acciones no solo amenazan el funcionamiento del sistema eléctrico, sino que también complican la instalación de centros de datos por parte de grandes tecnológicas en España, que requieren infraestructuras sólidas y fiables.
Según un informe de Aelec, un 83,4% de las infraestructuras de transporte de electricidad están actualmente saturadas. La situación ha llevado a la patronal, que incluye a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, a alertar sobre la incapacidad de conectar nueva demanda. En contraste, Portugal ha elevado sus retribuciones a la inversión en redes, buscando asegurar un funcionamiento eficiente de sus infraestructuras y atraer inversiones extranjeras.
En cuanto a las carreteras, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha indicado que más del 52% de estas presentan graves deterioros, un problema que se ha triplicado desde 2022 debido a la falta de inversión. Para remediar esta situación, la AEC estima que se necesitarían más de 13.000 millones de euros, una cifra considerable que refleja la magnitud del desafío.
El sistema sanitario también es un ejemplo de gestión deficiente, con un gasto en salud que es un 20% inferior a la media de la Unión Europea. Con colas de pacientes y listas de espera interminables, queda claro que la infraestructura sanitaria es igualmente precaria. Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) revela que el capital per cápita en infraestructuras en España es un 25% inferior al de la UE, lo que afecta directamente a la capacidad del país para crecer y desarrollarse adecuadamente.
Es evidente que la inversión en infraestructuras no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico y económico en España. Desde que comenzó la actual coalición gubernamental, el país ha visto un aumento de tres millones de habitantes, mientras que el PIB ha crecido en casi 400.000 millones. Sin embargo, las infraestructuras no han evolucionado en paralelo, lo que ha puesto de manifiesto la ineficacia en la gestión de recursos y la falta de planificación adecuada por parte del Gobierno.
El camino que tomó el AVE en 1992 debería haber sido un modelo a seguir para el desarrollo de infraestructuras en España, pero las decisiones políticas adoptadas desde 2018 han contribuido a que el país se encuentre en una situación menos desarrollada de lo que aparenta. A medida que se avanza, será fundamental abordar estas problemáticas para garantizar un futuro en el que las infraestructuras puedan sostener el crecimiento económico y social del país.
