Las recientes borrascas, conocidas como Leonardo y Marta, han causado estragos en Andalucía, generando daños que son difíciles de evaluar. En total, más de 11.000 personas han sido evacuadas a lo largo de la comunidad, siendo la provincia de Cádiz la más afectada, con Grazalema como uno de los lugares más perjudicados. La red de transportes ha experimentado un colapso significativo, afectando a más de 200 carreteras y dejando cerca de 150 vías completamente inoperativas, ya sea por daños estructurales o por la imposibilidad de acceso. El presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ha estimado que los daños en la red viaria podrían ascender a unos 500 millones de euros.
En respuesta a la situación, el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas para hacer frente a la crisis. Se ha decidido declarar como zonas afectadas por una emergencia de protección civil aquellas regiones de Andalucía que han sufrido las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos, que se han presentado entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. Esta acción se enmarca dentro de un plan más amplio que reconoce un total de 76 episodios catastróficos en catorce comunidades autónomas.
La inestabilidad atmosférica ha sido una constante en Andalucía, evidenciada por la repetición de eventos climáticos adversos en un breve periodo de tiempo. La reciente declaración del Gobierno incluye también daños provocados por las borrascas ‘Claudia’ y ‘Emilia’, así como por los fenómenos meteorológicos de principios de enero. El Gobierno andaluz ha solicitado al Ejecutivo central la posibilidad de utilizar el superávit del año anterior para financiar la recuperación, aunque aún se desconoce cuánto se necesitaría para afrontar los daños.
La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado que la Junta necesita autorización para utilizar esos fondos sobrantes sin que esto impacte en la regla de gasto. A pesar de que el presidente Moreno Bonilla estima que las pérdidas en las carreteras son de 500 millones de euros, la consejera ha señalado que todavía no se puede determinar la cantidad concreta que se podría destinar de ese superávit, ya que los datos para 2025 no han sido cerrados aún.
El PSOE andaluz ha criticado esta petición, argumentando que se basa en una confrontación política en lugar de buscar soluciones efectivas para los daños. En este contexto, el grupo socialista ha instado al Gobierno de Moreno Bonilla a asumir su responsabilidad y a no eludir su papel ante la catástrofe. Además, han señalado que el Gobierno de España presentará un nuevo paquete de medidas urgentes la semana que viene, en el que Andalucía será el foco principal de atención.
La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha exigido acciones inmediatas para abordar los graves daños causados por la borrasca Leonardo y los sucesivos temporales. Señalando que el Gobierno de España ha cumplido con la declaración de zonas catastróficas, Márquez ha cuestionado la pasividad de la Junta de Andalucía y otras administraciones locales, pidiendo que se centren en encontrar soluciones concretas para las familias afectadas.
Para abordar la situación de emergencia, el Grupo Socialista ha registrado más de 600 iniciativas en el Parlamento andaluz, que abarcan casos específicos de personas y negocios en riesgo tras las inundaciones. La portavoz del PSOE ha destacado el sentimiento de desesperación y frustración entre la ciudadanía, llamando al Ejecutivo autonómico a actuar con rapidez para disipar la incertidumbre que enfrentan los damnificados.
Finalmente, Márquez ha resaltado el trabajo de los funcionarios públicos, incluyendo a alcaldes y alcaldesas, así como a los efectivos de emergencias, quienes han arriesgado sus vidas para proteger a la comunidad. Criticando las posturas populistas, ha defendido que «el pueblo se salva con sus servicios públicos«, subrayando que la única forma de superar esta crisis es a través de una colaboración institucional responsable y fortaleciendo las estructuras públicas de rescate y atención.
