El Partido Popular (PP) ha comenzado a buscar alianzas con Vox en un contexto en el que su futuro en varias comunidades autónomas depende de la extrema derecha. Un punto de conexión ha surgido con la propuesta de prohibir el uso del burka y el niqab en lugares públicos. Esta medida fue aplaudida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado fin de semana tras la inclusión en el pleno del Congreso, que se llevará a cabo este martes, de una proposición de ley presentada por Vox. Esta iniciativa busca reformar varias normas existentes, incluido el Código Penal.
Para que la propuesta sea considerada, es fundamental el apoyo de otros grupos como Junts, que ha mostrado posturas similares en el pasado. Sin embargo, parece poco probable que se concrete en ley debido al rechazo anticipado por parte de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar.
La situación ha puesto de manifiesto las divisiones en la izquierda sobre este tema. Por un lado, hay quienes consideran que estas vestimentas, que cubren completamente el rostro y el cuerpo, son degradantes para las mujeres. Por otro lado, hay quienes argumentan que este debate alimenta discursos xenófobos. Este tipo de divisiones ya se vivió en Francia, donde se aprobó una prohibición similar hace 15 años.
Desde el PSOE, se ha señalado que esta medida podría violar dos artículos de la Constitución: el 14, que prohíbe la discriminación, y el 16, que garantiza la libertad religiosa. Aunque la propuesta de Vox comienza afirmando que no es “una cuestión religiosa”, posteriormente menciona “prendas islámicas”, lo que ha suscitado críticas. Asimismo, se ha indicado que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha anulado normas que intentaban prohibir el burka en espacios municipales.
La iniciativa de Vox también justifica la prohibición por razones de seguridad, argumentando que la presencia de personas cubiertas en espacios públicos puede ser peligrosa. Sin embargo, los socialistas cuestionan esta lógica, sugiriendo que, si se acepta, también deberían incluirse otras prendas como pasamontañas. Desde el PSOE, se concluye que esto no es más que un intento de Vox para alimentar su discurso de odio.
Pese a que el uso del burka y el niqab es muy raro en España, Vox ha hablado de una “circulación masiva de personas con el rostro cubierto”. Quienes infrinjan esta normativa podrían enfrentar multas que oscilarían entre 600 euros y 30.000 euros en caso de reincidencia. Además, se propone reformar el Código Penal para imponer penas de hasta tres años de prisión a quienes coaccionen a otros a usar estas prendas.
La aceptación de la propuesta dependerá del apoyo de Junts, cuya postura aún no ha sido confirmada. Sin embargo, en el pasado han mostrado disposición para tomar medidas contra el burka. Otras formaciones de izquierda, como ERC y EH Bildu, tampoco han definido su posición, aunque se espera un rechazo a la propuesta, dado su origen en la extrema derecha.
Es poco probable que la proposición avance y se convierta en ley durante este periodo legislativo, ya que la Mesa del Congreso tiene el poder de frenar la iniciativa, sobre todo porque los partidos del Gobierno cuentan con la mayoría en este órgano. Además, tienen estrategias para prolongar indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas, lo que podría dejar la propuesta en el limbo legislativo.
El debate en torno a esta cuestión podría servir al PP para cuestionar el compromiso de la izquierda con los derechos de las mujeres, uno de los aspectos que más defienden. La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, dejó entrever esta estrategia al criticar el «feminismo que defiende el burka o el niqab».
Este tema también se convierte en una herramienta para que el PP estreche lazos con Vox, especialmente al intentar asegurar su apoyo para formar gobierno en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León después de las elecciones autonómicas programadas para el 15 de marzo. La nueva estrategia de Feijóo incluye una clara intención de colaborar con Vox, abandonando cualquier reticencia en torno a pactos con la extrema derecha.
En el ámbito energético y medioambiental, la colaboración entre ambas formaciones resulta más complicada, ya que Vox mantiene una postura negacionista respecto al cambio climático. La oposición a iniciativas sostenibles se ha convertido en una de las principales demandas de Vox, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde lograron que el PP asumiera varias de sus propuestas a cambio de su respaldo a los presupuestos.
A pesar de todo, el PP se ha negado a aceptar las posturas más extremas de Vox en el ámbito medioambiental, como la derogación de la ley de cambio climático. Esto ha llevado a una votación en la que el PP se unió a la izquierda para oponerse a las medidas más radicales propuestas por Vox, reafirmando su compromiso con los acuerdos europeos en esta materia.
