El Gobierno plantea nuevos requisitos para la alimentación en centros de titularidad pública. El objetivo, según el borrador, es impulsar una oferta más saludable y sostenible en comedores y cafeterías, y establecer obligaciones de adaptación a la diversidad ética, cultural o religiosa.
El texto, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sido elevado a consulta pública como primer paso dentro del proceso de tramitación de la norma. Se trata de un borrador orientado al “fomento de una alimentación saludable y sostenible” en centros públicos y también en centros privados que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales.
La propuesta afectaría a los contratos de servicios y concesiones vinculados a la restauración en estos centros, incluyendo no solo comedores, sino también servicios de venta automática de alimentos y bebidas.
Qué cambios plantea: menos ultraprocesados y más dieta mediterránea
Entre las líneas generales del borrador aparecen medidas como la restricción de productos procesados y ultraprocesados, el impulso de cocinas in situ en centros públicos y la promoción de la dieta mediterránea como patrón saludable.
El texto también fija “criterios mínimos” de calidad nutricional y sostenibilidad que las administraciones deberían incorporar al contratar servicios relacionados con la oferta de comidas y bebidas.
La “flexibilidad” de menús: vegano, sin gluten, sin lactosa… y halal
Uno de los puntos más sensibles del borrador es la exigencia de “respetar la diversidad ética, cultural o religiosa”, lo que se traduce en flexibilidad en los menús. La propuesta menciona opciones como menús 100% vegetales (veganos), alternativas sin gluten o sin lactosa, y añade la disponibilidad de menús halal.
El planteamiento del Gobierno es que estas opciones se ofrezcan sin sobrecoste para el usuario, tanto en menús como en cafeterías, según recoge el borrador.
El ejemplo de las prisiones: una “base común” que se adapta
Para ilustrar cómo podría aplicarse en la práctica, el texto pone como ejemplo a instituciones penitenciarias. Según el borrador, algunos centros han reformado sus menús para eliminar la separación entre dieta normal y dieta especial, creando una base común más saludable —con menos grasas y sin fritos— que permite adaptaciones ligadas a prevalencias de diabetes o hipertensión sin duplicar procesos.
La propuesta sostiene que este enfoque ha permitido equilibrar contención de costes y mejora de indicadores de salud. Y añade que se han aplicado “buenas prácticas” como una transición proteica, sustituyendo procesados cárnicos por legumbres, huevos y pescados nutritivos, además de garantizar menús que respeten la diversidad cultural o religiosa, citando opciones halal y vegetarianas como “estrategia de convivencia”.
El antecedente de Ceuta: carne halal y sin cerdo en menús becados
El debate sobre menús halal ya ha estado presente en otros contextos. El texto recuerda el caso de Ceuta, donde el Ministerio de Educación, entonces dirigido por Pilar Alegría, destinó 314.000 euros a la contratación del suministro de menús para comedores de seis centros con alumnado becado.
En esas directrices se exigía que la carne fuera halal y que no se utilizara carne de cerdo. Posteriormente, el Gobierno justificó esa decisión alegando que, en varios centros de Ceuta y Melilla, el 100% de los niños beneficiarios de becas que usan el comedor escolar profesa la religión islámica, y que en otros “casi la totalidad” del alumnado becado que utiliza ese servicio tiene esa creencia.
La norma está todavía en fase de tramitación. Si sigue adelante, podría cambiar los criterios de contratación y la oferta alimentaria en comedores y cafeterías de centros públicos, con un foco doble: salud y sostenibilidad, y adaptación a distintas necesidades y convicciones.
