El Tribunal Supremo ha emitido su fallo definitivo sobre el caso Matinsreg, uno de los más sonados en la historia de Jaén, desestimando los recursos de casación interpuestos por el exconcejal del PP Manuel del Moral y tres empresarios involucrados. Este fallo pone fin a un proceso judicial que se ha prolongado durante quince años. Aunque se ha cerrado esta vía, aún queda la opción de recurrir a tribunales europeos.
El alto tribunal ha ratificado las condenas ya impuestas por el Alto Tribunal de Justicia de Andalucía. En este caso, el único político condenado es Manuel del Moral, quien ocupaba el cargo de concejal de Mantenimiento Urbano. Su sentencia incluye una pena de cuatro años de prisión y una inhabilitación de ocho años y un día. En un giro de los acontecimientos, el exalcalde José Enrique Fernández de Moya y el exteniente de alcalde Miguel Ángel García Anguita fueron absueltos tras recurrir sus respectivas sentencias condenatorias.
La sentencia también afecta a tres empresarios condenados por su implicación en el caso. I. H. y J. M. A. recibirán penas de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación por su papel como ‘conseguidores’. Por otro lado, L. G. G. ha sido condenado a un total de tres años y diez meses, por delitos de falsedad y malversación. Además, los condenados deberán hacerse cargo de los gastos generados por los recursos judiciales.
Los implicados han sido condenados a indemnizar de manera conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jaén con un total de 3.465.372,90 euros. Este monto refleja el daño causado al erario público debido a las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa Matinsreg, que fue contratada en 2012 para el mantenimiento de fuentes y semáforos.
El caso Matinsreg se originó por la llegada de esta empresa, ubicada en Toro (Zamora), que presentó facturas infladas al Ayuntamiento. La investigación ha demostrado que se facturaron productos químicos por un valor de 1,4 millones de euros, cuando su verdadero coste era de solo 17.423 euros. Además, la facturación de mano de obra contenía un número de horas excesivo que no se correspondía con la realidad, alcanzando un total de 1.392.090,66 euros por un trabajo que no reflejaba el número real de trabajadores contratados.
Las irregularidades han sido atribuidas, en parte, a la falta de control por parte de funcionarios encargados de supervisar las facturas presentadas. La Audiencia de Jaén había indicado que este tipo de fraudes requería la colaboración de alguna autoridad que garantizara el pago de las facturas infladas. Sin embargo, la responsabilidad fue finalmente limitada a Manuel del Moral, convirtiéndolo en el único condenado al confirmarse la sentencia por el Tribunal Supremo.
La sentencia del alto tribunal pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia en la gestión pública para evitar situaciones similares en el futuro. Este caso ha dejado una huella significativa en la opinión pública y resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración local. El caso Matinsreg constituye un recordatorio de los riesgos asociados a la corrupción en la gestión pública y la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de control.
