El pasado lunes, varios sindicatos y plataformas sociales presentaron en el Parlamento de Andalucía una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el propósito de que el costo de la vivienda no supere el 30% de los ingresos familiares. Esta propuesta ha surgido en un contexto de emergencia habitacional, caracterizada por el aumento sostenido de los precios de compra y alquiler, así como por la insuficiencia del parque de viviendas públicas. Los impulsores de la ILP, que incluyen a CCOO-A, UGT-A, y otras organizaciones, han comenzado la recopilación de firmas necesaria para que esta iniciativa sea debatida en la próxima legislatura en la Cámara autonómica.
Una de las principales medidas que se contempla en la propuesta es la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, destinado a asegurar una financiación estable para las políticas públicas de vivienda. Este fondo busca además que haya una memoria económica sólida que garantice que la Junta de Andalucía cumpla con sus compromisos en materia de vivienda. La ILP establece la necesidad de considerar el derecho a la vivienda como un servicio de interés general, poniendo este asunto en el centro de la acción pública.
La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha enfatizado la urgencia de «equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda», sugiriendo un cambio radical para que la vivienda sea vista como un elemento esencial para cualquier proyecto vital. Los firmantes de la ILP solicitan una «intervención integral» por parte de las administraciones públicas para construir más viviendas accesibles, un planteamiento que también ha respaldado la secretaria general de CCOO de Andalucía.
Otro de los objetivos de la ILP es reforzar la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a la especulación. En este sentido, el documento propone la declaración de zonas tensionadas en áreas donde sea necesario para regular el mercado de la vivienda y frenar el aumento de precios. También se contempla un impulso al parque de vivienda pública, aumentando la reserva de suelo para vivienda protegida y promoviendo mecanismos que permitan movilizar viviendas vacías para su uso social.
Las organizaciones que han presentado la ILP han denunciado los efectos negativos de la masificación turística y han propuesto la regulación del uso turístico de la vivienda para evitar que los vecinos sean desplazados de sus barrios. Asimismo, se incluyen medidas para proteger a las personas afectadas por desahucios, garantizando alternativas habitacionales. En este contexto, se plantea la implementación de una tasa turística a nivel autonómico, que contribuya a sufragar el derecho a la vivienda de las familias andaluzas.
El paquete de medidas que se propone incluye ayudas inmediatas para los jóvenes y colectivos vulnerables, además de un plan estructural para proteger y ampliar el parque público de vivienda protegida, buscando protegerlo de la especulación inmobiliaria. Las organizaciones firmantes buscan ofrecer una respuesta estructural a la crisis habitacional que afecta a Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y asegurando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.
Esta ILP se presenta en un contexto donde la Ley de Vivienda de Andalucía, impulsada por el alcalde Juan Fernández, se encuentra vigente desde enero. Sin embargo, esta ley ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que argumenta que no aborda la problemática de la vivienda y que «profundiza en las peores políticas». Entre las metas del Gobierno andaluz está facilitar la construcción de más viviendas y crear herramientas limitadas, debido a las escasas competencias autonómicas, para luchar contra la ocupación ilegal y la inquiocupación.
Existen desacuerdos significativos entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en cuanto a la duración de la protección de las VPO y el sistema público de depósito de fianzas. Si no se llega a un acuerdo, hasta 17 puntos de la ley podrían ser llevados al Tribunal Constitucional y suspendidos cautelarmente. Las discrepancias abarcan aspectos técnicos sobre la regulación de la colaboración público-privada y las posibilidades de desarrollo de usos residenciales en terrenos con distinta calificación urbanística.
