En medio de un debate candente sobre la gestión gubernamental, el columnista Marco Moreno analiza la reciente controversia relacionada con la Dirección de Presupuestos (Dipres). La filtración de documentos reveló la intención del Ministerio de Hacienda de realizar modificaciones en varios programas sociales, lo que ha generado un amplio descontento. Moreno destaca que «creer que el conflicto se resuelve ajustando el lenguaje es desconocer que el conflicto surge de cómo las decisiones afectan intereses, identidades y percepciones».
La autocrítica emanada de la Dipres, que sugiere sustituir el término «descontinuar» por «reformular», intenta atenuar una controversia que parece estar en su fase inicial. Sin embargo, el problema va más allá de un simple error semántico, ya que se barajan posibles recortes de al menos un 15% en un conjunto de 142 programas, que abarca desde liceos bicentenario hasta iniciativas culturales y sociales. Esto ha dado lugar a una confusión significativa que amplifica la crisis y pone de manifiesto una desconexión entre la técnica, la política y la comunicación dentro del gobierno.
Desde la perspectiva de la ciencia política, es fundamental reconocer que las políticas públicas son más que decisiones técnicas; son también construcciones interpretativas. Según la académica Deborah Stone, estas políticas establecen significados antes que soluciones. En este contexto, el verdadero dilema no radica en la terminología utilizada, sino en cómo la ciudadanía y los actores políticos interpretan la idea de recortes masivos en áreas sensibles. La revelación de nuevos ajustes presupuestarios refuerza la percepción de que existe un enfoque fiscal que no ha sido comunicado de manera adecuada.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha indicado que los oficios de la Dipres eran simplemente una «orientación». Sin embargo, esto muestra una falla clásica en la gestión gubernamental: la desconexión entre el diseño técnico y la lectura política del entorno. El Ministerio de Hacienda y la Dipres, al parecer, han operado bajo el supuesto de que la calidad técnica de las decisiones sería suficiente para mantener su apoyo. No obstante, en el ámbito político, la legitimidad se crea a través de la comunicación adecuada. La falta de anticipación sobre el impacto que podría tener el anuncio de recortes ha llevado a una pérdida de control sobre el relato.
Este aspecto es crítico. En un entorno político fragmentado, la viabilidad de una agenda depende de su contenido y de cómo se presente. Mark Moore sostiene que el valor público se sostiene en un triángulo donde convergen resultados, capacidad operativa y apoyo político. Cuando uno de estos elementos falla, incluso las políticas más bien diseñadas pueden resultar inviables. Esto se está observando actualmente, con una disminución en la disposición al consenso debido a una comunicación errática.
La situación se complica por la llegada de señales contradictorias. Mientras se corrige el lenguaje de un oficio, surgen nuevas informaciones que apuntan a recortes más amplios. Este desorden informativo no solo entorpece la agenda, sino que también debilita la credibilidad del gobierno. En términos de agenda setting, se pierde el control sobre el encuadre del debate, que pasa de centrarse en la racionalización del gasto a enfocarse en ajustes indiscriminados. En este caso, es la oposición la que comienza a definir los términos de la discusión, desplazando al Ejecutivo.
Además, situaciones como esta ponen a prueba el papel de la tecnocracia. La Dipres ha sido históricamente un bastión de la institucionalidad fiscal en Chile, gracias a su rigor técnico. Sin embargo, su prestigio ha sido cuestionado no solo por errores en los cálculos, sino también por su capacidad de interactuar con la política, en lugar de aislarse de ella. Cuando se percibe que la técnica está desconectada del impacto social y político, su autoridad se debilita, lo que a su vez limita la capacidad del Estado para llevar a cabo reformas complejas.
Desde el ámbito de la comunicación gubernamental, el diagnóstico es claro: no se ha logrado construir un relato coherente ni se han gestionado adecuadamente las expectativas. La aparición de nueva información sobre recortes ahonda la sensación de improvisación o, en el mejor de los casos, de descoordinación interna. En política, estas percepciones son fundamentales.
En resumen, el problema radica en que no se trata de un conflicto de palabras, sino de un conflicto político. Ignorar que las decisiones afectan a intereses y percepciones es un error grave. Gobernar implica gestionar estos conflictos, no rehuirlos. El balance de los primeros cuarenta días de gobierno demuestra que la técnica sin política no es suficiente. Asimismo, la política sin comunicación no puede sostenerse. Cuando ambas dimensiones se desacoplan, las consecuencias no son solo reputacionales; son también de viabilidad. En democracia, las políticas no deben ser solo correctas, sino también realizables.
