El 31 de julio marca el bicentenario de la última ejecución por herejía en España, que culminó con la muerte del maestro catalán Cayetano Ripoll en 1826. Aunque su condena no fue dictada por el Santo Oficio, sino por una Junta de Fe regional, la figura de Ripoll ha perdurado en la memoria colectiva como la última víctima de la Inquisición. Este hecho se interpreta como la culminación de un proceso en el que el tribunal eclesiástico asumió funciones que evocaban el antiguo organismo inquisitorial, bajo la restauración absolutista de Fernando VII tras el Trienio Liberal.
La Inquisición fue restaurada en 1814, abolida brevemente durante el Trienio Liberal y, a pesar de su suspensión formal, su legado continuó a través de las Juntas de Fe. La ejecución de Ripoll, como último acto del viejo régimen, simboliza la resistencia del absolutismo en un contexto donde las transformaciones políticas y sociales empezaban a ser irreversibles.
En este marco, se destaca la figura del liberal berciano Pascual Fernández Baeza, nacido en 1798 en Ponferrada. Baeza se estableció como uno de los magistrados más reconocidos en la primera mitad del siglo XIX en España. Su carrera se desarrolló entre Ponferrada, Monforte de Lemos y Valladolid, donde finalizó sus estudios de leyes en 1819. A partir de 1820, su vida se entrelaza con el histórico pronunciamiento del general Rafael de Riego, convirtiéndose, años después, en su cuñado.
Con un fuerte compromiso con el liberalismo, Baeza jugó un papel crucial en la creación del nuevo orden político. Tras la proclamación de la provincia del Bierzo en enero de 1822, se convirtió en promotor fiscal y figura política influyente. Uno de sus objetivos principales fue desmantelar la base legal absolutista, argumentando que la Inquisición era incompatible con una constitución moderna y defendiendo la libertad de expresión sin censura previa.
Sin embargo, con el restablecimiento del absolutismo en 1823, Baeza se convirtió en un blanco de persecución por sus ideales liberales. Las nuevas autoridades absolutistas intentaron implicarlo, pero el Ayuntamiento de Ponferrada se negó a testificar en su contra, permitiendo que su causa se sobreseyera. Este apoyo local fue fundamental para su supervivencia política.
Antes de trasladarse a Madrid, donde se unió a la Academia de Juristas de la Concepción a finales de los años 20, la ejecución de Ripoll dejó una huella profunda en él. Para Baeza, la muerte de Ripoll, quien fue condenado por no aceptar los dogmas católicos, representaba un anacronismo que evidenciaba que no bastaba con suprimir la Inquisición, sino que era necesario eliminar cualquier tribunal que juzgase la conciencia.
Baeza utilizó la figura de Ripoll para fundamentar su postura en contra de la Iglesia y su influencia sobre la vida de los ciudadanos. Desde Madrid, se involucró activamente en política, lo que le llevó a ser nombrado corregidor de la ciudad de Lugo a finales de 1833, tras el fallecimiento de Fernando VII. Su compromiso fue clave en la lucha por la extinción oficial de la Inquisición, y su labor fue reconocida al ser nombrado auditor de Guerra en la Capitanía General de Galicia entre 1834 y 1835.
Con el paso del tiempo, Baeza se convirtió en parlamentario en varias ocasiones, destacándose por su apoyo a las desamortizaciones y su participación en la compra de bienes públicos, impulsando así la acumulación de capital del Estado en detrimento de la Iglesia. Su legado como político liberal perdura en la historia, siendo considerado hasta hoy como una de las figuras más relevantes del Bierzo y un referente del liberalismo español del siglo XIX.
